La ley de Vivienda y otras medidas

Más humo para la clase obrera

El martes 18 de enero, el Consejo de ministros aprobó una serie de medidas en materia de vivienda.

En primer lugar, debemos destacar la Ley de Vivienda, que por el momento queda fuera de este paquete de medidas tras el informe negativo por parte del Consejo General del Poder Judicial. Vemos cómo los poderes del Estado actúan de forma unitaria para garantizar el cumplimiento de su principal función: velar por los intereses de la oligarquía financiera y perpetuar el gobierno de la propiedad privada. De esta forma, ponen palos a las ruedas para seguramente acabar vaciando aun más de contenido una propuesta de ley, que ya de por sí, como analizamos en anteriores comunicados, ni supone una mejora notable para el acceso a la vivienda, ni supone un ataque a la propiedad privada ni interviene económicamente el mercado como denuncian los liberales.

Pero las propuestas que sí han entrado en el paquete, aprobadas con varios meses de retraso desde su anuncio, no dejan de ser igual de sangrantes. En primer lugar, encontramos el Plan de Vivienda. Este pretende garantizar el acceso a la vivienda, especialmente por parte de los colectivos más vulnerables. De hecho, la ministra Sánchez se atreve a afirmar que “con estas leyes determinadas necesidades van a quedar cubiertas”. Pero nada más lejos de la realidad. Las medidas que contempla este plan son, entre otras, el desarrollo de 100.000 viviendas destinadas al alquiler público con un 30% reservado a colectivos vulnerables, las ayudas para jóvenes residentes en pueblos de menos de 10.000 habitantes, o la creación de un seguro de impago del alquiler.

Respecto a la vivienda social, como ya analizamos anteriormente, se trata de una medida nada efectiva, en tanto que sigue manteniéndose en unos niveles hasta 4 veces más bajos que en países del entorno, y porque el acceso a la misma requiere de un camino burocrático que deja fuera en la mayoría de las ocasiones a la clase obrera. Mientras tanto, las ayudas para los jóvenes en áreas despobladas no suponen más que un pequeño parche que no puede ni de lejos combatir la falta de servicios públicos, de oferta académica y oportunidades laborales, de oferta cultural y de ocio y de tantas otras carencias de la conocida como España vaciada, que son fruto de las dinámicas propias de un Estado capitalista como el español y de la ineficiencia del propio sistema. Finalmente, el seguro de impago no hace más que elevar el coste de la vivienda para seguir garantizando los beneficios de quienes especulan con un bien de primera necesidad, sin poner en tela de juicio los motivos por los que la clase trabajadora no puede llegar a fin de mes. Enmascarándose en conceptos como el “co-housing” el Gobierno “progresista” no hace más que perpetuar las condiciones de precariedad a las que está sometida la clase trabajadora a la vez que intenta rascar rédito electoral de los mismos.

A este plan hay que sumar otra de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno, el Bono joven de ayuda al alquiler. Esta medida prevé ayudas de hasta un máximo de 250€ para jóvenes de entre 18 y 35 años que deben cumplir una serie de requisitos. Algunos de estos son tener un salario inferior a los 24.318€ brutos anuales o pagar menos de 600€ de alquiler (300€ en el caso de una habitación).

Cabe destacar que el precio del alquiler medio del alquiler en España es de 674€, y en algunos territorios tensionados como pueden ser Madrid o Barcelona alcanzaría los 819€ y 769€ respectivamente.

Todo esto en datos de 2018, pero algunos estudios más recientes apuntan a unos alquileres que prácticamente duplican estos.

A estas limitaciones tenemos que añadirle la dotación presupuestaria, por la que el propio Gobierno reconoce que la medida llegará a unos 70.000 jóvenes en todo el Estado, menos de un 2% de la población emancipada, y menos de un 12% de los inquilinos con ingresos bajos menores de 35 años.

Además, al no estar regulado el precio del alquiler, este puede aumentar fácilmente hasta absorber el importe del bono, haciendo que este dinero público vaya a parar directamente a los bolsillos de los propietarios.

Si tenemos en cuenta que el bono tiene una vigencia de tan solo dos años, vemos cómo esta medida solo puede empeorar el acceso a la vivienda por parte de la juventud. Tampoco podemos obviar que España tiene una tasa de desempleo joven de cerca del 40%, la más elevada de la Unión Europea, y que los jóvenes que tienen empleo acaparan tasas altísimas de temporalidad y parcialidad, limitando casi totalmente cualquier perspectiva de emancipación que pueda existir.

No es de extrañar, por tanto, el rechazo que ha supuesto la medida en la mayoría de las organizaciones sociales, colectivos de vivienda, de trabajadores, etc., que se hayan posicionado en contra de una medida que en realidad no busca más que lavar la cara de una socialdemocracia cuyas grandes promesas electorales giraban alrededor del problema del difícil acceso y mantenimiento de la vivienda y que una vez más demuestra su incapacidad para satisfacer estas necesidades básicas de las masas trabajadoras.

Finalmente tenemos que hablar del tercer gran anuncio del Consejo de ministros. Se trata de la reforma de la norma que impedía superar la propiedad pública del 50% de las acciones de la SAREB. De esta forma se sientan las bases para la eventual nacionalización del banco malo, entidad que absorbió los activos tóxicos de la banca tras la crisis del 2008, tan solo unos meses después de que España tuviera que asumir como propios los 35.000 millones de euros de deuda de la sociedad.

Gracias a esta medida que llevaba planteándose meses, los bancos como el Santander, Caixabank o Sabadell, principales accionistas a parte del Estado, podrán salir del accionariado una vez ya no es útil a sus intereses.

Respecto a la forma que adoptará esta salida, se están barajando diferentes posibilidades, pero la más destacada consistiría en que el Estado pague un precio simbólico de 1€ por sus participaciones. Aunque los bancos quieran salir del accionariado, no quieren perder algunos activos que les son provechosos, como los activos diferidos, por lo que exigen a cambio beneficios fiscales. Todavía está por definir el papel de la SAREB una vez sea efectiva la nacionalización, y es que, aunque el Plan de Vivienda contempla el uso de viviendas de la entidad para alquiler social, y Unidas Podemos reivindica un supuesto uso social de la misma, la realidad es que desde hace meses se plantea la posibilidad incluso de alargar el límite de 2027 previsto en su creación para la disolución de la entidad dada su imposibilidad para vender los activos que recibió, generando anualmente enormes pérdidas que ahora pasarían a estar socializadas.

Una vez más vemos cómo la socialdemocracia no puede ofrecer más que humo a los trabajadores, separando artificialmente el problema de la vivienda del de la explotación en los centros de trabajo y proponiendo medidas que, como hemos señalado, muchas veces no solo no mejoran nuestras condiciones de vida, sino que las empeoran. De hecho, esto es especialmente significativo con el caso de Podemos, que se vio aupado en gran medida por su participación en la PAH y otras formas de trabajo en los barrios, que luego han traicionado sin problemas, mostrando de nuevo el grave peligro que corre la clase trabajadora cuando pone sus sueños y esperanzas en manos del parlamentarismo burgués.

Debemos apoyar el trabajo incesante de las masas en los sindicatos de barrio, organizaciones contra los desahucios, redes de apoyo, etc. Estas organizaciones han sufrido numerosas multas, detenciones, agresiones, etc., por parte del Estado, y aun así, no han frenado su organización y disputa contra la actuación estatal en defensa de la clase trabajadora. Por ello debemos aplaudir su incansable esfuerzo, lucha y sacrificio, que son dignos de reconocimiento.

Esta lucha de las masas nos demuestra que la única forma de defendernos de las acometidas de la burguesía y de transformar nuestras condiciones de vida son la organización y la lucha de nuestra clase, y debemos incidir en el origen del este problema: el modo de producción capitalista y el Estado burgués que lo defiende.