Ley de universidades: ¡Fuego a la educación capitalista!

El 31 de agosto, fue aprobado en el consejo de ministros el ante proyecto de ley para la reforma de la ley universitaria 6/2001. Desde los medios de comunicación tan solo hemos escuchado la reducción de las sanciones para aquellos que copian en exámenes o el aumento de las sanciones por plagio, pero no hemos escuchado nada más sobre el tema. Lo cierto es que esta ley plantea grandes modificaciones en relaciones a la financiación de la universidad pública, condiciones de trabajo, democracia interna, aumento de la inversión en la investigación, represión a la actividad política…

En primer lugar, debemos de mencionar que esta ley ha sido impulsada de forma omnipotente por parte del gobierno actual, no ha existido ningún tipo de consulta hacia sindicatos u organizaciones estudiantiles durante la redacción y aprobación del anteproyecto. Nos encontramos con una ley en la cual no ha podido participar ningún agente social de clase. Mientras tanto el gobierno más progresista de la historia sigue vendiendo su carácter amplio y participativo el cual solo existe cuando es de su conveniencia y desaparece cuando es consciente de que este solo le puede traer problemas.

Esta ley educativa, como hemos dicho anteriormente plantea grandes modificaciones respecto a la ley anterior. Empecemos por la cuestión de la investigación en las universidades. La Moncloa dice así en su página oficial “la LOSU otorga una alta relevancia a la producción y transferencia del conocimiento (…) promocionando el liderazgo de los y las jóvenes investigadoras, e impulsando la transferencia de conocimiento a entidades, instituciones y empresas.”. Son muy claras las intenciones de este gobierno, invertir más en investigación para que se apropien de ello entidades, instituciones y empresas. Lo que es sinónimo de que mayoritariamente aquello desarrollado por las universidades públicas acabara en manos de empresas privadas las cuales aumentaran sus cuotas de ganancia gracias a nuestra clase y esto no es algo que nosotros nos inventemos, el anteproyecto de ley dice así en su art. 47.3 “Las universidades promocionarán las relaciones entre la investigación universitaria y el sistema productivo”. Esto es inaceptable, tan solo esconde una profunda fusión entre estado y empresas donde el estado realiza una función de departamento de I+D+i. ¿A que estamos jugando? Esta primera medida trata de vender un falso fomento de la ciencia y de la tecnología, a la cual nunca nos opondremos los comunistas, pero en realidad esconde la servidumbre del estado hacia la burguesía.

En segundo lugar, con respecto a la democracia interna en las universidades los cambios vienen en varios ámbitos. Por un lado, la elección a la jefatura de la rectoría siempre se ha realizado a partir de elecciones internas por aquellos que componen la comunidad universitaria, por otro lado con la actual ley que se pretende implantar una dualidad de modelos de elección a rector de la universidad con la posibilidad de utilizar el sistema actual o el nuevo sistema, el cual funcionaria según el anteproyecto de ley de la siguiente forma: “Este órgano de elección estará formado por entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50 por ciento corresponderá al personal docente e investigador de la universidad, el 10 por ciento al estudiantado, el 10 por ciento al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30 por ciento a personas externas a la universidad de reconocido prestigio académico, cultural, social, empresarial o institucional locales, nacionales o internacionales” esto supone una autentico ataque a los derechos democráticos de toda la comunidad universitaria, frente al sistema clásico donde todo el poder de elección estaba ponderado en cada uno de los colectivos que forman parte de la universidad, frente al sistema actual, donde el 30% por ciento de la ponderación está en manos de instituciones ajenas y del cual participaran empresas, los cuales no velaran bajo ningún concepto por los intereses de los estudiantes y trabajadores sino por sus propios intereses privados. Por otro lado, los consejos sociales, aquellos órganos de la universidad donde participan directamente las empresas pasaran a ser elegidos por las asambleas legislativas autonómicas, es decir, ni más ni menos que por parte de las instituciones autonómicas del estado burgués. Estamos ante una cada vez una mayor privatización de los derechos democráticos, los cuales se aglutinan cada vez más en manos de grandes empresas privadas, las cuales velan por elegir al rector/a de turno en base a su interés, de decidir hacia donde orientar los gastos universitarios (una de las funciones de los consejos sociales) en pro de sus intereses privados y de la organización de los grados y del sistema universitario a medida de sus necesidades y demandas. Podemos encontrar multitud de estudios en universidades públicas financiados por empresas privadas donde los estudios están diseñados y se proporciona la formación acorde a las demandas de estas empresas tenemos ejemplos como la catedra de finanzas internacionales de la Universidad de Valencia vinculada, financiada y promocionada por el banco Santander, entro otros.

Otra de las grandes modificaciones que podemos encontrar en la ley en relación a los deberes de los estudiantes. La anterior ley universitaria no planteaba en primera instancia un carácter represivo contra la actividad política sino que daba la potestad reguladora a cada universidad de forma descentralizada en base al código de convivencia que se planteaba en cada una de estas. El actual anteproyecto de ley propone una serie de deberes que en su caso dicen así “Participar de forma responsable en las actividades universitarias.” Este primer deber abre la libre interpretación hasta el punto de que sabotear un acto de carácter profundamente reaccionario, liberal o cualquier acto que quiera ser aplastado por nuestra clase podrá ser represaliado sea la forma que sea el sabotaje que se realiza. Otro de los deberes más represivos es: “Respetar la normativa universitaria, incluida la normativa reguladora de la convivencia en el ámbito universitario, en los términos recogidos en la normativa específica.” Este sin lugar a dudas es el más represivo de todos los preceptos legales que plantea el anteproyecto de ley y es que si una universidad prohíbe la actividad política de forma explícita y un estudiante realiza algún tipo de actividad política se le puede sancionar sin ningún tipo de problema. De esta forma vemos como el estado burgués en un momento de reflujo está tratando de capar las posibilidades de las organizaciones revolucionarias y sindicales de politizar y movilizar a clase obrera en los centros de estudio universitario. De hecho podemos ver una profunda ligazón entre la ya establecida prohibición de propagando y difusión política en los IES pero esta vez trasladado a las universidades.

Por último, la otra modificación que establece el anteproyecto de ley de universidades es en materia laboral, la ley plantea una reducción de las plazas temporales del 40% al 20%, además de una ampliación de los contratos de los asociados de uno a dos años.

Respecto a esta modificación, que de entrada puede parecer una mejora en las condiciones laborales del empleo en la universidad no se trata ni más ni menos que de una intención de lavarse la cara por parte de la socialdemocracia. Esta ley no acaba con la temporalidad, ni tampoco mejora las condiciones de trabajo deplorables del profesorado asociado. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que esto se celebre, bajo el marco capitalista los intereses de los trabajadores jamás estarán garantizadas y esto es un claro ejemplo.

Los comunistas tenemos claro que debemos de confrontar ante esta ley, no podemos permitir que la fusión entre educación e interés privados se vaya fundiendo cada vez más en un corpus único donde la universidad pase a ser un siervo de las empresas, tampoco podemos conciliar con la represión que pretende ejercer Castells contra los movimientos que confrontan al estado burgués. La movilización de masas más que nunca es una necesidad, debemos de caminar conjuntamente toda la comunidad universitaria de nuestra clase hacia una huelga educativa en todas las partes del estado. Debemos de pasar de una posición defensiva en el movimiento estudiantil a una posición de contra ataque.

Desde el Partido (marxista-leninista) de los Trabajadores hacemos un llamamiento a la movilización de masas, a conquistar un futuro para nuestra clase y a destruir este sistema que siempre pondrá por delante los intereses privados por encima de los nuestros. La confrontación con la socialdemocracia también es una necesidad vital para nuestra clase.

¡Destapemos sus mentiras, destruyamos el sistema!

¡Fuego a la educación capitalista!

¡Por una universidad para la clase obrera!